La acción humanitaria en 2012-2013: instalados en la crisis

En 1994 se produjeron por toda la geografía española importantes y, para muchos, sorprendentes manifestaciones y movilizaciones ciudadanas a favor de una mayor dedicación de fondos públicos para la solidaridad internacional con las personas empobrecidas o afectadas por crisis humanitarias: la campaña a favor del 0,7%.

Las calles se llenaron de personas que, por vez primera, pedían una mayor participación de nuestro país en la cooperación internacional y un mayor compromiso con el desarrollo del sur del planeta. Céntricas avenidas de las grandes ciudades se poblaron de tiendas de campaña y las acampadas del 0,7% han quedado como imagen, como icono, de estas movilizaciones.

Fuera de nuestras fronteras aquellas movilizaciones se observaron con atención, pero también con indisimulada sorpresa.

¿Por qué los españoles se movilizaban y pedían entonces algo que la Asamblea General de Naciones Unidas había aprobado en los años 60? ¿De dónde surgía esa motivación ciudadana en clave de solidaridad internacional? Conviene recordar que en los primeros años de la década de los noventa vivimos algunas de las crisis humanitarias más graves del siglo XX y que la guerra de los Balcanes o, sobre todo, el genocidio de Ruanda (también en 1994) marcaron la atención de la opinión pública internacional.

A todo ello se unió una creciente toma de conciencia sobre la enorme injusticia de las relaciones Norte-Sur, en años marcados por las consecuencias de la deuda externa ("deuda eterna") sobre muchos países de África, Asia o América Latina. A pesar de las esperanzas iniciales, se comenzaba a sospechar que la caída del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría no iban a traer por sí solos los cambios que se demandaban para aspirar a un mundo más justo, más seguro y más sostenible. Todos esos elementos, entre otros muchos, explican el porqué de aquellas movilizaciones.

Pero, más allá de la creciente conciencia sobre los problemas globales, el movimiento a favor del 0,7 reflejaba también un deseo de la ciudadanía española por actuar, de alguna manera, a escala global, superando años de aislamiento y de un papel gregario de nuestro país en el plano internacional.

El éxito de aquellas movilizaciones fue indudable, como también lo fue su legado —tanto en términos de crecimiento de los presupuestos de cooperación, como de incorporación de nuevos actores (como los ayuntamientos y las Comunidades Autónomas), de creación de nuevas organizaciones no gubernamentales (ONG) y, sobre todo, de convicción sobre el papel central de la cooperación para el desarrollo y la acción humanitaria entendidas como políticas públicas que deben contar con fuerte apoyo ciudadano—. Aún hoy somos tributarios de aquel impulso.

¿Queda algo hoy de aquella movilización ciudadana y de respuesta pública por la solidaridad? Si se analizan crudamente los datos que presentamos en el presente Informe la respuesta es clara: muy poco.

No solo las cifras de cooperación para el desarrollo y acción humanitaria se han derrumbado en estos últimos años, sino que los enormes recortes han sido recibidos pasivamente por la ciudadanía, sin apenas crítica alguna fuera del círculo de actores directamente implicados en este campo.

Por ello, en las páginas que siguen no se trata solo de analizar —cosa que, por supuesto, hacemos con rigor— las cifras, la distribución, los logros, la calidad de lo realizado..., sino también de situar ese análisis en el contexto de una opinión pública volcada casi exclusivamente en la preocupación por lo más cercano e inmediato, sin atender suficientemente a los efectos que la profunda crisis sistémica que padecemos tiene más allá de nuestras fronteras. La sociedad española ha demostrado y sigue haciéndolo, sobre todo cuando se trata de grandes crisis y emergencias, su capacidad de respuesta solidaria. Pero este comportamiento no se complementa adecuadamente con una capacidad sostenida de movilización a favor de la cooperación y de presión a las instituciones para que también lo hagan.