Balance Humanitario 2020: Delegación Regional para Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay (Spanish)

En 2020, la COVID-19 enlutó a millones de familias en todo el mundo y afectó duramente a las poblaciones de los países que conforman nuestra delegación. Brasil fue el segundo país del mundo por su cifra absoluta de muertes por COVID-19: 195 mil personas.

La pandemia agravó la difícil situación de las poblaciones en las que centramos nuestra acción: familiares de personas desaparecidas, personas y comunidades afectadas por la violencia armada, trabajadores de servicios públicos esenciales, personas migrantes y personas privadas de libertad. Estos grupos, que ya eran vulnerables, comenzaron a compartir su pesada carga con el resto de la población, afectada por las consecuencias devastadoras del nuevo coronavirus.
América Latina habría sufrido una de las mayores caídas de su producto bruto interno (PBI), en más de un siglo, con sus secuelas de más pobreza, hambre y desempleo.

Pese a ser bien recibidas por las poblaciones de acogida, las personas que migran enfrentan numerosos desafíos al llegar a un nuevo país. Dejan tras de sí toda una vida y tienen que aprender una nueva lengua, adaptarse a una nueva cultura, encontrar medios para su sustento, cuidar de su salud y continuar en contacto con sus familiares. En 2020, las dificultades para migrar en la región –y en el mundo– aumentaron. Luego del cierre de las fronteras, la búsqueda de rutas alternativas trajo aparejados más peligros. La vida y las perspectivas de futuro de los recién llegados también sufrieron consecuencias en un contexto de crisis y de recursos orientados a ayudas de emergencia.

Por su parte, la desaparición de personas sigue siendo una tragedia para los familiares, que no descansan hasta saber el paradero de sus seres queridos. Su pesar se agrava por privaciones económicas y trámites burocráticos que no están estandarizados y se encuentran dispersos entre varios servicios públicos.
Mientras avanza el trabajo para mejorar la coordinación entre órganos públicos y establecer un mecanismo integrado de búsqueda, estas familias siguen viviendo situaciones estresantes que conllevan enfermedades físicas y mentales, problemas financieros y jurídicos, así como otros vinculados con la convivencia familiar y comunitaria. En Brasil, los datos más recientes –de 2019– mantienen un promedio de aproximadamente 80 mil desapariciones por año.

Debido a la COVID-19, los riesgos para los familiares se intensificaron, las actividades rutinarias para ayudar en la búsqueda de personas desaparecidas se vieron limitadas frente a la posibilidad de contagio, y el apoyo se hizo escaso. Muchos familiares, pertenecientes a grupos de riesgo por la fragilidad de su salud, pasaron por dificultades financieras graves, como pudimos observar en nuestro programa de acompañamiento.

Los servicios de salud y funerarios de Brasil quedaron sobrecargados y los procedimientos de gestión de cuerpos se acotaron. Como consecuencia, aumentaron las posibilidades de errores y las sepultura sin identificación o en fosas colectivas, que pueden ampliar los casos de desaparición de personas y la pérdida del contacto entre familiares.

Asimismo, la violencia armada no mermó con la pandemia. Por el contrario, se registraron 43.892 muertes violentas en 2020, un aumento del 5% en comparación con la cifra de 41.730 en 2019. En estados como Ceará, donde trabajamos, el número de homicidios aumentó un 81% en este período. Por su parte, Río de Janeiro fue el estado que encabezó el número de muertes –775 de un total de 3148 en Brasil– ocasionadas por acciones policiales en el primer semestre de 2020.

Las dinámicas de enfrentamientos, disputas y cambios se reflejaron en la oferta o en la falta de servicios esenciales, en un contexto en que las barreras invisibles limitan el acceso de las personas a diferentes servicios, un drama que también afectó a todas estas poblaciones. En este sentido, las comunidades que ya sufren los efectos de la violencia armada en las ciudades debieron enfrentar la COVID-19 y la crisis económica como agravantes.