Cómo la Ley y la Normativa Apoyan la Reducción de Riesgo de Desastre: Nicaragua Estudio de Caso

El presente estudio forma parte integral de la compilación de un informe síntesis global sobre reducción de riesgos de desastre (RRD) y legislación que ha venido impulsando la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Se espera que el presente documento se constituya en un referente para los estados y agencias internacionales sobre el cuerpo jurídico de Nicaragua que apoya a la RRD, dado que no solamente examina este marco jurídico sino también analiza los vacíos importantes que aún prevalecen, sean estos legales, institucionales y de recursos, así también presenta buenas prácticas jurídicas en el contexto de la nación desde sus diferentes niveles de implementación, con especial énfasis respecto al seguimiento a nivel comunitario.

Para la realización de este trabajo se efectuó un estudio de gabinete sobre derecho nacional para la RRD en Nicaragua, se revisó material bibliográfico y se realizó un trabajo de campo de tres semanas, que incluyó entrevistas a líderes de diferentes organizaciones sean estas gubernamentales o no, que apoyan la RRD, a nivel nacional, departamental, municipal y comunal. Posteriormente, se preparó el informe final en base a toda la información recopilada.

En el presente estudio, el alcance de la legislación pertinente a la RRD a nivel de país es mucho más amplio que la legislación de gestión de desastre o protección civil. Adicionalmente a la prevención inmediata y las medidas de mitigación que con frecuencia se incluyen en tales leyes, uno de los principales roles de la legislación en apoyo a la RRD es establecer una reducción de riesgo a largo plazo a través de la planificación pública y la regulación en áreas pertinentes a los riesgos y peligros en cada país, y en cada estado/provincia y área local dentro de cada país.

Para los fines de la investigación, los términos “legislación”, “ley”, “marco legal” y “regulación” se refieren a los actos normativos de leyes, reglamentos, decretos o similares, así como también a sus políticas y directrices de implementación, en todos los niveles del gobierno. También incluye normas de costumbres vinculantes en la comunidad y a nivel local, que puede que no se encuentren documentadas de manera formal.

Para tal efecto, las leyes relevantes que se incluyen en el análisis, abarca: reglamentos de edificación y construcción contra riesgos de incendio y terremotos, reglamentos de albergue de emergencia y de transición, planificación del uso de la tierra para evitar desarrollos en terrenos de alto riesgo, reglamentos en casos de incendio y servicios, gestión de ríos y bosques para prevenir inundaciones y deslizamientos de tierra, infraestructuras de comunicaciones mejoradas para apoyar los sistemas de alerta temprana en áreas remotas, o participación comunitaria en el intercambio de información sobre identificación y manejo de peligros y riesgos emergentes.

A pesar de este amplio alcance, el enfoque en este estudio es la reducción de riesgos de desastre causados por situaciones o eventos naturales. Esta orientación reconoce que con frecuencia existe un elemento humano en la ignición de tales desastres “naturales”. Sin embargo, el estudio no se extiende a los desastres provocados esencialmente por la actividad humana, tales como conflictos armados o disturbios civiles, epidemias y normas relacionadas con la salud, la contaminación industrial y su regulación, o con cuestiones generales de gestión medioambiental y adaptación al cambio climático, excepto en cuanto se relacionen con la RRD.

Como país, Nicaragua cuenta con un gran potencial productivo, teniendo una extensión territorial de 130,373.47 km2, que sin embargo, está considerada como el segundo país más pobre de América Latina, después de Haití. La vulnerabilidad de Nicaragua ante los desastres naturales quedó expuesta con el paso del Huracán Mitch en octubre de 1998, lo que motivó que el Estado nicaragüense estableciera en marzo del 2000, un sistema integral para la RRD que se denomina “Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED)”. El presente documento busca determinar los avances, vacíos e implementación del cuerpo jurídico con el que cuenta Nicaragua para proteger a su población en este ámbito.

El marco jurídico institucional de las acciones relativas a la RRD en Nicaragua está dado por la Ley Creadora del SINAPRED y su reglamento. Estas normativas, además de otras propias del sistema y complementarias fueron revisadas y analizadas. Nicaragua cuenta con un buen marco normativo e institucional para la RRD, que integra armónicamente todos sus niveles con el sector gubernamental. Una de las mejores prácticas encontradas es la capacidad organizativa establecida en el marco jurídico e implementado en todos los niveles, interrelacionando armónicamente las organizaciones territorial y sectorialmente, con atribuciones bien definidas sin duplicidad de funciones y sin considerar al SINAPRED como organización superpuesta de poder sobre las otras organizaciones gubernamentales. Sin embargo, en el marco de las acciones de RRD, su orientación continúa principalmente dirigida a la respuesta de desastres. De igual forma, a pesar que la ley faculta la participación del sector privado y ONGs en el Sistema, tanto en el objeto de la ley como en su definición y objetivos del SINAPRED, esta norma omite su incorporación en el Comité Nacional del Sistema que está integrado únicamente por entidades gubernamentales.

El marco normativo del SINAPRED define los principios del Sistema, que propician el involucramiento de la población en sus actividades, lo que se cumple a nivel comunitario. Las comunidades pueden participar activamente en la planificación de su propio desarrollo, siempre que así lo dispongan sus autoridades. Sin embargo, las comunidades están actuando pasivamente para reducir el riesgo de desastres, pues esperan que sea el gobierno municipal o algunas ONGs quienes tomen la iniciativa. El marco legal para la RRD tanto a través de normas específicas como complementarias, es considerado adecuado y pertinente. Sin embargo, muchas de las instituciones gubernamentales que actúan como autoridad en su ámbito de acción, requieren de un mayor involucramiento en el territorio para ser percibidas positivamente en nivel comunitario.

Específicamente en lo relativo a cambio ambiental, explotación de bosques, ríos y corrientes de aguas rurales, sequías y seguridad alimentaria, entre otros. Desafortunadamente, la pobreza es evidente, y las mejoras en sus condiciones diarias no les permiten mejorar su calidad de vida.

Se recomienda altamente a todos aquellos organismos interesados en apoyar la gestión comunitaria en el tema de RRD, orienten esfuerzos por conectar la inversión con el cambio climático y RRD, enfatizando en el trabajo a nivel comunal y municipal para que generen su propio nivel de gestión. Ambos niveles cuentan con mucha disposición, muchas ideas y experiencia pero no cuentan con la capacidad técnica para determinar estratégicamente hacia dónde dirigir sus pasos.